Dª. Agripina Trashorras Gómez falleció el 7 de diciembre de 2015 enferma de cáncer. Desde el año 2004, junto a su marido D. José Manuel Suárez Reguero, había estado luchando por la inocencia de su hijo, aunque hacía tiempo que había perdido toda esperanza en la Justicia de este país.
Cuando en mayo de 2013 contactó telefónicamente conmigo, se mostró muy desconfiada y tuvieron que transcurrir varias conversaciones para que nuevamente confiara en alguien que después de los años transcurridos, pretendía esclarecer lo ocurrido en la masacre del 11-M, precisamente, argumentando una serie de contradicciones en la sentencia donde quedaba acreditado, entre otras cosas, que su hijo José Emilio Suárez Trashorras había sido condenado como autor en concepto de cooperador necesario a la pena de 34.715 años de prisión, por unos hechos que no se pudieron probar en el juicio.
Después de nueve meses de conversaciones telefónicas, se preparó una visita en prisión para que pudiera entrevistarme con su hijo. Aquella entrevista hubiera tenido lugar el día 27 de febrero de 2014 pero su actual abogado, Francisco Miranda Velasco, intercedió y finalmente renuncié a mantener aquella reunión.
En la primera carta que intercambié con Trashorras, le había expresado mi malestar porque éste había facilitado a su abogado un dossier con información de mi investigación, sin contar con mi autorización para ello. Del mismo modo, me facilitó el número de teléfono móvil para que contactase con aquel. Antes de dar ese paso, decidí leer un poco sobre la vida de Francisco Miranda Velasco, y resultó que éste había coincidido con Trashorras en la prisión de Mansilla de las Mulas (León). Allí, antes de convertirse en abogado, cumplía condena por delitos de narcotráfico y falsedad de documento oficial. Se le consideró como uno de los principales suministradores de barcos de los narco transportistas gallegos y aparecía implicado en la mayor parte de las investigaciones que dirigió el juez Vázquez Taín en aquellas fechas. Llegó a acumular cuatro penas por delitos de narcotráfico que sumaban más de treinta años de prisión, aunque el Tribunal Supremo rebajó sustancialmente las penas impuestas por la Audiencia Nacional. Durante su estancia en prisión, éste se licenció en Derecho Penal y Penitenciario por la UNED. Tras la muerte de D. Gerardo Turiel de Castro se convirtió en el principal apoyo de Trashorras y convenció a éste y a sus padres para hacerse con los servicios del abogado Carlos Orbañanos, en el recurso que más tarde se presentaría ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. De esta forma, se daba por terminada cualquier acción ante la Justicia, cambiando por completo la estrategia de defensa que hasta ese momento había llevado a cabo Turiel de Castro, en un recurso de lo más sorprendente y con un coste económico muy alto para unos padres desesperados.
Tras la operación policial llevada a cabo en el año 2006 donde se detuvo a David Pérez Lago (hijastro de Laureano Oubiña), el abogado Alfonso Díaz Moñux comenzó a recibir sugerencias e incluso amenazas para que dejara la defensa de Tania Varela y Pérez Lago. Concretamente, el letrado Carlos Orbañanos le escribió: «Si en dos días no me llamas, tendré que actuar y lo sentiré». Poco tiempo después, la noche del 18 de diciembre de 2008 Díaz Moñux era asesinado en su coche por un sicario que le disparó en la cabeza cuando entraba en su casa. Después de aquella muerte, David Pérez Lago se hizo con los servicios de Carlos Orbañanos en un juicio que tras unas dilaciones indebidas celebró su primera sesión el 31 de marzo de 2011 y fue presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez. Casualmente, en esos días (marzo de 2011) el abogado Carlos Orbañanos también presentó el recurso de Trashorras ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, cambiando por completo la estrategia de defensa que había seguido en el juicio de la Audiencia Nacional el catedrático de Derecho Romano D. Gerardo Turiel de Castro. Carlos Orbañanos ha defendido entre otros delincuentes a Ioan Clamparu, alias «cabeza de cerdo», considerado el mayor proxeneta de Europa.
Con todos estos antecedentes, decidí no contactar con el actual abogado de Trashorras y aquella entrevista fue suspendida. A pesar de ello, viajé a Oviedo y el día 26 de febrero de 2014 me entrevisté con Agripina y José Manuel. En el transcurso de aquella reunión que duró cuatro horas y media, traté de argumentarles las razones que se escondían tras la aparición en escena de los dos abogados Francisco Miranda Velasco y Carlos Orbañanos.
Al día siguiente, me entrevisté con D. Julio Bobes García, médico psiquiatra y catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, quien el 20 de julio de 2005 por razones periciales había reconocido a Trashorras en el Centro Penitenciario de Madrid-2, y había participado en la pericial psiquiátrica que se llevó a cabo en el juicio sobre su enfermedad mental.
En el año 1996 ya se le había diagnosticado la enfermedad mental a Trashorras, lo que motivó que fuera declarado «no apto» para el servicio militar. D. José Luis Morán Junquera, médico psiquiatra de la Seguridad Social, trató a Trashorras desde septiembre de 1997 hasta diciembre de 2003. Sus informes fueron aportados en el tribunal médico que en mayo de 2003 le concedió la incapacidad permanente y absoluta. Este médico psiquiatra, en su observación a lo largo de todos aquellos años, dictaminó en el diagnóstico que padecía un trastorno de personalidad doble esquizoide y antisocial, un trastorno esquizo-afectivo bipolar y unos trastornos psicóticos, esto a última hora, en el último año que lo trató (2003). Unos trastornos psicóticos inducidos por el consumo de múltiples y diversas sustancias y drogas. Con esas características la capacidad volitiva y cognitiva no la tenía. Tenía la capacidad totalmente anulada cuando presentaba cuadros psicóticos con delirios de persecución y afecciones auditivas (esquizofrenia paranoide).
Por su parte, el catedrático de Psiquiatría, D. Julio Bobes García, coincidió plenamente con el diagnóstico del médico psiquiatra de la Seguridad Social, pero también estudió los documentos administrativos médico-legales que obraban en la historia clínica de Trashorras, los cuales indicaban claramente que previo a los hechos (refiriéndose a los atentados), se trataba de un enfermo mental grave, un enfermo psicótico permanente.
En los tres años que trabajó en Mina Conchita (1999-2002), la inspección médica de Avilés le reconoció cuatro incapacidades laborales; la primera y tercera por una psicosis esquizo-afectiva, y la segunda y cuarta por una esquizofrenia paranoide. La tercera de esas incapacidades duró diez meses (2001), la cuarta y última, ocho meses, desde el 19 de agosto de 2002 hasta el 22 de abril de 2003. Un mes más tarde, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales le concedió la incapacidad permanente y absoluta en base a las enfermedades que se aportaron. Sin embargo, en los Hechos Probados de la sentencia se afirma que cinco meses después, José Emilio Suárez Trashorras acordó con Jamal Ahmidan el suministro de dinamita Goma 2-ECO de Mina Conchita concertando para ello, al menos, dos reuniones que se celebraron, la primera, el 28 de octubre de 2003 y, la segunda, a mediados de noviembre. Además, el envío a principios de enero de 2004 de una pequeña parte de esos explosivos a través de emisarios o transportistas a petición del propio Trashorras.
En aquella pericial psiquiátrica, el juez Javier Gómez Bermúdez le dio mayor validez a las conclusiones de dos médicos forenses con unos conocimientos generales en Psiquiatría, que a lo manifestado por los dos especialistas. Finalmente, se le aplicó una atenuante por anomalía psíquica y fue condenado a la pena de 34.715 años de prisión.
Además, Trashorras no pudo tener acceso a los explosivos porque no tenía la tarjeta de artillero, y tan solo trabajó como ayudante minero en los pocos meses que no permaneció de baja. Los Hechos Probados consideraron necesaria la connivencia de algún minero para sustraer la dinamita, pero finalmente quienes fueron procesados por este motivo resultaron absueltos. Y debido a las irregularidades que acontecieron en la pericial de explosivos, la propia sentencia terminó reconociendo que no se pudo determinar la marca comercial del explosivo utilizado para hacer explosionar los trenes. En aquellas fechas (2003-2004), en Mina Conchita se consumía principalmente dinamita plástica del tipo Goma 2 ECO, que fue la hallada fuera de los focos de las explosiones, pero no se pudo determinar que fuera la utilizada en las detonaciones.
Por si esto fuera poco, en el informe de la Guardia Civil incorporado al sumario, en las conclusiones en cuanto a la procedencia de las sustancias explosivas y detonadores, dice así: «Por tanto, al no existir un control riguroso de las numeraciones del explosivo que fue enviado a Mina Conchita desde el depósito de Valdellano, no se puede afirmar con absoluta certeza que los cartuchos hallados en el piso de Leganés con las numeraciones investigadas, procedan de Mina Conchita. A esto hay que añadir que otras muchas explotaciones, tanto en España como fuera del territorio nacional, han consumido cartuchos con las numeraciones investigadas».
Volviendo a la pericial psiquiátrica sobre la enfermedad mental de Trashorras, atendiendo a la lógica de la sana crítica, la balanza debiera haberse inclinado claramente hacia la opinión de los psiquiatras por las siguientes razones:
. El psiquiatra de la Seguridad Social, José Luis Morán Junquera, es un funcionario o personal estatutario público exactamente igual que el forense. No tiene ningún interés económico en el resultado del juicio. Y su testimonio e historial médico gozan de una presunción de objetividad absoluta. Para el juez, su criterio es el de la propia Administración del Estado evaluando al paciente durante seis años y tres meses.
. Los médicos forenses son expertos en medicina legal, pero su formación es generalista. Tienen que evaluar desde una autopsia o las lesiones de un accidente de tráfico hasta una incapacidad laboral o una enfermedad mental. Las reglas de la sana crítica dictan que ante una materia compleja, el dictamen del especialista en la materia (psiquiatra) debe prevalecer sobre el del generalista (forense). Si a esto sumamos que el segundo perito es un catedrático de Psiquiatría, el tribunal se encuentra ante la máxima autoridad científica posible en ese campo específico.
. Un forense suele explorar al enfermo en una o dos sesiones en las dependencias del juzgado. En una enfermedad mental, una evaluación tan corta puede ser completamente insuficiente. El psiquiatra público aporta el seguimiento de seis años y tres meses. Ha visto al paciente en las crisis, en las mejorías, sabe que medicación tolera y cuál no, y cómo afecta la enfermedad a su vida diaria a largo plazo.
. En definitiva, ambos bandos son peritos públicos y objetivos, pero uno de los bandos tiene la máxima especialización y el conocimiento profundo del caso durante años. El otro tiene un conocimiento general y una foto fija de unos minutos. Por lo tanto, el informe de los psiquiatras tendría que haber tenido un valor probatorio muy superior y no al contrario.
. Además, cuando los dos forenses realizaron la entrevista clínica a Trashorras, éste ya estaba un año ingresado en prisión y sometido a tratamiento antipsicótico. Y este factor es el argumento definitivo para desmontar por completo el informe de los médicos forenses bajo las reglas de la sana crítica. En la práctica judicial y la Psicología Forense, este fenómeno se conoce como un «sesgo de foto fija» o una evaluación distorsionada por la estabilización farmacológica e institucional. Un año de internamiento en prisión con tratamiento antipsicótico pautado y en un entorno hiper estructurado (donde los horarios, la comida y la toma de medicación están rígidamente controlados por funcionarios) genera una mejora artificial del cuadro clínico. Y a esto mismo hizo referencia el catedrático de Psiquiatría, Julio Bobes García, durante la pericial psiquiátrica. Los médicos forenses examinaron a un paciente compensado químicamente, no al paciente real en su entorno habitual o en el momento en que ocurrieron los hechos. Pretender que la situación del paciente tras un año de tratamiento en prisión refleja su verdadera realidad mental crónica es un error metodológico gravísimo.
. Frente a la foto fija y alterada de los forenses, el psiquiatra de la Sanidad Pública aporta la verdadera historia evolutiva de la enfermedad durante seis años y tres meses. Él sabe cómo es el paciente sin tratamiento, qué pasa cuando sufre descompensaciones en libertad, cómo reacciona ante los estresores de la vida diaria y cuáles son sus síntomas residuales o brotes reales. Su testimonio demuestra que la «mejoría» que vieron los forenses no es una curación ni una ausencia de enfermedad, sino el efecto directo de los antipsicóticos tras un año de tratamiento continuo.
Para terminar con el análisis de la pericial psiquiátrica, detallo literalmente algunas de las opiniones de los dos especialistas:
. José Luis Morán Junquera, médico psiquiatra de la Seguridad Social que trató a Trashorras durante seis años y tres meses:
– «Bueno, en mi observación a lo largo de todos estos años, yo pude concluir en el diagnóstico que tenía un trastorno de personalidad doble esquizoide y antisocial, un trastorno esquizoafectivo bipolar y unos trastornos psicóticos, eso a última hora, en el último año que yo lo ví (2003), unos trastornos psicóticos inducidos por el consumo de múltiples y diversas sustancias y drogas«.
– «Sí, yo lo reconocí y sabía que tenía un trastorno de la personalidad y un trastorno psicótico grave, con estas dos características la capacidad volitiva y cognitiva no la tenía. El trastorno de personalidad, por el tiempo que yo lo exploré, tenía la capacidad volitiva anulada«.
– «Sí, porque tenía unos cuadros psicóticos muy repetidos, con vibración delirante y alucinaciones auditivas, y en estas circunstancias la capacidad volitiva siempre está anulada en un cuadro psicótico pleno».
. Julio Bobes García, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo:
– «Previo a los hechos se trata claramente de un enfermo mental grave«.
– «Yo no creo que él pudiera planear una operación delictiva tan importante. Él no es capaz de planear ni las cosas que le interesan a él directamente».
– «Una persona psicótica no es capaz de apreciar la normalidad y de buscar una operación sobre otra. Lo que hacen es esconderse, huir de los presuntos perseguidores, de los supuestos medios agresores externos que habitualmente interpretan, pero no de programar ninguna operación como puede ser una trama de este estilo. Yo creo que no puede hacerlo«.
– «Una de las características es que fabulan, se creen historias que no son reales. Cada vez se transforman más en pueriles, en personas infantiles, muy manejables».
A pesar de todo lo descrito con anterioridad, el juez Javier Gómez Bermúdez dio mayor validez a lo opinado por los dos médicos forenses frente a las opiniones, por un lado, del psiquiatra de la Seguridad Social que lo trató durante seis años y tres meses, y lo opinado por el catedrático de Psiquiatría que lo reconoció en prisión y estudió los informes médico legales que obraban en su historia clínica para poder determinar el estado de su enfermedad mental, meses antes de la perpetración de los atentados.
A modo de resumen, en el relato de Hechos Probados de la sentencia se afirma que para concretar la operación de suministro de explosivos, Trashorras y el jefe de la célula terrorista mantuvieron, al menos, dos reuniones en Madrid, además de otras en número no determinado en Avilés y numerosos contactos telefónicos. Del mismo modo, el encargo por Trashorras a varias personas para hacer de transportistas en el envío de una parte de los explosivos a principios de enero de 2004.
Recordemos que en la pericial psiquiátrica celebrada durante el juicio, los dos especialistas opinaron que con las dos características que presentaba Trashorras (los trastornos de personalidad y la psicosis), éste tenía la capacidad cognitiva y volitiva anuladas. Los cuadros psicóticos eran muy repetidos con vibración delirante y alucinaciones auditivas. El catedrático de Psiquiatría consideró que no era capaz de planear ni las cosas que le interesaban a él directamente, mucho menos una operación delictiva tan importante. Tratándose, además, de una persona que fabula y se cree historias que no son reales.
Del 19 de agosto de 2002 al 22 de abril de 2003 Trashorras había permanecido de baja en su cuarta y última incapacidad laboral por esquizofrenia paranoide, y un mes después se le concedió la incapacidad permanente en base a las enfermedades mentales que padecía. Por este motivo, en los Hechos Probados de la Sentencia se consideró necesaria la connivencia de algún minero para llevarse a cabo la sustracción de los explosivos de Mina Conchita, hecho que no pudo probarse al quedar absueltos quienes habían sido procesados por este motivo.
Debido a las irregularidades acontecidas en la pericial sobre los explosivos, la sentencia terminó reconociendo que no se pudo determinar el tipo de dinamita empleada para hacer explosionar los trenes. Y en el informe de la Guardia Civil incorporado al sumario, en las conclusiones en cuanto a la procedencia de las sustancias explosivas figura que «no se puede afirmar con absoluta certeza que los cartuchos hallados en el piso de Leganés con las numeraciones investigadas, procedan de Mina Conchita«. A pesar de ello, Trashorras fue condenado a la pena de 34.715 años de prisión como autor en concepto de cooperador necesario por la sustracción y suministro de dinamita Goma 2 ECO de Mina Conchita con destino al jefe de una célula terrorista.
El encargado del control y vigilancia en Mina Conchita, D. Emilio Llano Álvarez, pasó 22 meses en prisión preventiva acusado de falsear los libros y facilitar la sustracción de los explosivos. Finalmente, el propio fallo de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional resolvió su absolución, contradiciendo lo afirmado en los Hechos Probados. Cuando éste ya se había reincorporado a su puesto de trabajo, la noche del martes 2 de noviembre de 2010, fallecía en el Hospital Central de Oviedo a consecuencia de un cáncer a la edad de 50 años. Todos los amigos presentes en el acto fúnebre coincidieron al señalar que la tragedia a la que se vio sometida la familia tras los atentados del 11-M, pudo ser determinante en el origen de la enfermedad oncológica que acabó con su vida. Dudo mucho que algún representante de la Justicia de este país se haya puesto en contacto con la familia para, al menos, pedir perdón.
Tras mi regreso de aquella entrevista en Oviedo, se produjo un distanciamiento con Dª. Agripina Trashorras. Aquello se debió al compromiso que asumí con la Justicia en la última fase de mi investigación, teniendo en cuenta los antecedentes de los dos abogados, Francisco Miranda Velasco y Carlos Orbañanos.
Aquella madre tenía la esperanza de volver a tener a su hijo en casa, al menos, los fines de semana, antes de que le venciera la enfermedad grave que padecía y, en cierto modo, mi investigación podía ser un inconveniente y nadie puede recriminar a una madre la esperanza de pasar los últimos días al lado de su hijo. Lo cierto es que lo poco que tenían era el segundo grado que aquellos abogados le habían conseguido a Trashorras y mi tarea era y sigue siendo una utopía.
A finales de 2016, cuando estaba escribiendo los agradecimientos de mi libro, me enteré que Agripina había fallecido el 7 de diciembre de 2015. Me sentí muy apenado porque pensaba viajar nuevamente a Asturias para entregarle en mano un ejemplar de mi obra y creo que se hubiera alegrado mucho al saber que después de todo el tiempo que ha transcurrido, sigo luchando.
Al día siguiente llamé a su marido, D. José Manuel Suárez Reguero, para mostrarle mis condolencias y me dijo que en los últimos momentos, aquella madre se acordó de mí y se preguntaba si todavía seguiría con mi trabajo. Pido a Dios que todo el camino que he recorrido en estos diez años de investigación, pueda servir algún día para que la sociedad descubra lo injusta que ha sido la Justicia en el procesamiento y condena de su hijo como autor en la masacre del 11-M.